Planes de pago con tope del 5 % de los ingresos para deudas de luz y agua en Puerto Rico
El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 133, una medida que busca que los hogares y pequeños comercios puedan saldar deudas de energía eléctrica y agua potable sin destinar una parte desproporcionada de sus ingresos. La iniciativa llega en un momento en que crecen las solicitudes de planes de pago a LUMA Energy.
Cómo funcionaría el mecanismo
La Ley de Planes de Pagos para Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales establece que los clientes residenciales puedan negociar acuerdos para atender sus balances pendientes. Según el texto aprobado, las mensualidades no deberían exceder el 5 % del ingreso familiar, un límite que busca evitar que el pago de la deuda ponga en riesgo el gasto básico del hogar.
Quienes se acojan a estos planes deberían hacer un pago inicial equivalente a entre el 5 % y el 20 % de la deuda acumulada. El resto se repartiría en mensualidades bajo las condiciones que se pacten en cada acuerdo.
Disposiciones para pequeños comercios
La medida también contempla a los pequeños negocios. Estos podrían acceder a planes de pago, a mecanismos para distribuir aumentos extraordinarios en sus facturas y a alternativas de facturación nivelada, que suavizan las variaciones mensuales del consumo cobrado.
Por qué crecen las solicitudes
El Nuevo Día informó que el número de clientes que pidió a LUMA Energy un plan para pagar la factura de la luz aumentó este año, con un alza superior al 50 % entre enero y septiembre. Ese dato ayuda a entender la presión económica que motiva la propuesta, aunque el texto periodístico disponible no detalla cuántas de esas solicitudes se han formalizado en acuerdos.
Alcance y límites de la propuesta
La aprobación en el Senado es un paso legislativo que todavía debe completar su trámite para convertirse en ley. Los detalles operativos, como la forma de calcular el ingreso familiar o los procedimientos específicos de solicitud, dependerán de lo que establezca el texto final y de su implementación por las entidades responsables.
